Alan García amenaza con “acciones legales” contra quien informe sobre las bombas de gas peruanas usadas en Honduras

Al Giordano
29.Sep.09 :: Opinión

En el sitio de internet del diario La República del pasado jueves —un periódico importante en Perú— se publicó un video de YouTube del Gremio de Cineastas hondureño, que habíamos publicado el miércoles en Narco News —y también lo que publicamos sobre el video— ha lanzado una polémica nacional en el país andino, incluyendo una amenaza de “acciones legales” por el Ministro del Interior del gobierno contra aquellos que lo hemos informado. El video muestra a la policía del régimen golpista hondureño invadiendo el barrio de Hato de Enmedio de la ciudad de Tegucigalpa, disparando gases lacrimógenos con sellos con la clara leyenda de “Policía Nacional del Perú.”



Esto es lo que un servidor escribió en el momento:

La historia luego fue tomada por el semanario nacional brasileño, Carta Capital, y luego por los diarios peruanos La Primera y La República, haciendo que el Congreso de ese país iniciara una investigación al respecto y demandara al Ministro del Interior que se presentara a una audiencia para testificar.

La República informó de la historia y luego preguntó:

¿Como pudieron llegar estos gases a Honduras si pertenecen a la policía peruana?

Un poco después de eso, luego de que el Ministro del Interior Octavio Salazar lanzara su amenaza de “acciones legales”, el periódico puso una línea sobre la pregunta, de esta forma:

Y el periodista del periódico añadio este texto:

A continuación remito los descargos del ministerio del Interior sobre bombas lacrimógenas con una viñeta de la Policía Nacional del Perú usadas por el Gobierno de Honduras:

1) La Policía Nacional del Perú no ha vendido, ni donado, ni entregado material de ningún tipo en general ni bombas lacrimógenas en particular al Gobierno de Honduras.

2) Por los canales correspondientes, el Ministerio del Interior solicitó información oficial a las autoridades hondureñas sobre el particular.

3) El ministro de Seguridad del gobierno de Honduras, señor Jorge A. Rodas Gamero, ha respondido por escrito que “en ningún momento obtuvieron a título gratuito, ni oneroso ningún tipo de material de la Policía Nacional del Perú”.

4) El funcionario hondureño manifestó que el material lacrimógeno fue adquirido por su gobierno a la empresa hondureña “Representaciones Comercio e Inversiones (RCI)”, la cual a su vez lo adquirió a la empresa “Combined Systems Inc” de Estados Unidos.

5) Rodas Gamero informó de que, en la revisión de las granadas lacrimógenas encontraron que “en la envoltura original está una viñeta con el nombre de la Policía Nacional del Perú, pero para la venta a nuestro país fue cubierta por otra con especificaciones de la granada”.

6) Las granadas lacrimógenas en mención llevan esta viñeta pues se trata de un lote que la empresa Combined Systems iba a remitir a la Policía Nacional del Perú. El contrato entre ambas instituciones fue suscrito en agosto de 2007. Sin embargo en octubre del 2007 el contrato fue resuelto por el ministerio del Interior por incumplimiento de las normas de contratación pública. Como consecuencia de tal hecho, la PNP nunca recibió el material lacrimógeno en referencia.

7) El Ministerio del Interior se reserva el derecho de iniciar las acciones legales pertinentes para preservar la imagen del país y de la institución policial.

La República también reporta:

“El Congreso de la República presentó una moción para que el Ministro del Interior, Octavio Salazar, explique ante el Pleno la presencia de bombas lacrimógenas peruanas en el gobierno de facto de Honduras.”

El régimen hondureño dice que la fuente de sus bombas de gas lacrimógeno es la empresa estadounidense, Combined Systems, Inc., situada en Jamestown, Pennsylvania. A través de su sitio de internet complementario, con el nombre irónico de less-lethal.com (menos letal), se encuentran armas químicas, municiones de impacto, dispositivos de aturdimiento y granadas multi-efecto, lanzadores, y otros juguetes de este tipo, las cuáles ya sea a través de Perú o no, parecen no tener problemas en llegar a las manos de una dictadura golpista que ha fetichizado el uso de armas químicas contra su propio pueblo e incluso contra una embajada extranjera.

Reportando para el diario peruano La Primera, Raúl Weiner escribió:

Si lo que el gobierno peruano dice que es cierto (y continuaremos con nuestro trabajo periodístico para averiguarlo) —que las armas fabricadas por Combined Systems, Inc. encontraron su camino para llegar a las manos del régimen golpista hondureño sin la ayuda del Perú, aún blandiendo el nombre de Policía Nacional— sería mejor que dichas “acciones legales” fueran dirigidas a quien quiera que sea el responsable de enviar armas a un régimen ilegítimo con el nombre de la Policía Nacional del Perú aún marcado. Lo que es cierto, es que esta semana no hay mucho amor para el Perú o para su Policía Nacional en el barrio de Hato de Enmedio.

Ésta no sería la primera vez que los asuntos de gas lacrimógeno y control de mulitudes han causado escándalo y polémica en relación con la Policía Nacional del Perú. Kristin Bricker reportó para Narco News sobre la masacre del 5 de junio por esa misma Policía Nacional en contra de los pueblos indígenas desarmados Awajún y Wampi, y como esa policía fue capacitada en “control de disturbios” con fondos de la guerra contra las drogas de los Estados Unidos.

Ésta nueva atención hacia las latas de gas lacrimógeno marcadas con “Policía Nacional del Perú” en Honduras, abre también algunas, no tan viejas, heridas en la política peruana y en los círculos de la policía. En 2007, la Contraloría General del Perú nulificó los contratos firmados entre la Policía Nacional y Combined Systems Inc., debido a diversas irregularidades en la compra de dicho equipo. Ese hecho llevó a las revelaciones de que el entonces Ministro del Interior, Luis Alva Castro, había mentido cuando justificó las compras debido a una supuesta situación “inminente” de que la Policía Nacional no tendría gas lacrimógeno para derrotar a los movimientos indígenas y sociales del país. Resultó que la PNP tenía almacenadas, en aquel momento, 96,000 de dichas latas. Además, funcionarios alegaron que el contrato con Combined Systems, Inc. constituía un pago en exceso de 1,5 millones de dólares sobre la base de los precios que la empresa había ofrecido a Perú dos años antes por los mismos productos.

A raíz del escándalo de las latas de gas lacrimógeno peruanas, veinte funcionarios públicos fueron despedidos, incluyendo al Director de Logística de la Policía Nacional. Luego del pago pendiente por las latas que llegaron a Perú, Combined Systems Inc. supuestamente intentó presionar al gobierno peruano, a través de Washington, para recibir el pago y en las negociaciones sobre un acuerdo comercial entre los dos países.

Durante ese escándalo, el actual Ministro del Interior, Octavio Salazar —el hombre que antier amenazó con “acciones legales” contra los que informan sobre las latas de gas lacrimógeno marcadas con “Perú” en Honduras— era un funcionario de la Policía Nacional, para luego, a finales de 2007, ser ascendido por Alan García al cargo de jefe de la Policía Nacional. Este verano fue ascendido una vez más, ahora para el cargo de Ministro del Interior, el principal funcionario no elegido en el país. Este hecho fue calificado como una “desgracia” por el ex Ministro del Interior, Remigio Hernani, debido a las investigaciones en curso relacionadas con Salazar y la presunta malversación de fondos en los 41 vehículos asignados a la Policía Nacional.

Así que, adelante con la investigación del Congreso. Y si Salazar desea presentar una “acción legal” en contra de este periódico, adelante también. Tanta información tan interesante sobre el Perú y su Policía Nacional y su uso de armas químicas en contra de su propio pueblo—así como la forma en las que procura esas armas y lo que les sucede después de eso—saldrá a la vista durante el proceso, para que los peruanos y las personas de todo el hemisferio estén mejor informados acerca de todo eso.

Sin embargo, es interesante observar la rapidez en que los funcionarios golpistas salieron a la defensa de Salazar y del gobierno de García del Perú, para confirmar sus afirmaciones de que Perú no está ayudando al régimen golpista. Uno se pregunta si los funcionarios del régimen golpista hondureño hubieran salido tan rápido a defender a los gobiernos de Brasilia, San Salvador, Managua, Buenos Aires, Quito, Caracas, La Paz, Santiago, Asunción, para que nadie sospeche que están coqueteando con el régimen golpista hondureño por debajo de la mesa. Su modus operandi ha sido, más bien, el buscar expulsar a los funcionarios diplomáticos de dichos países, o mantenerlos fuera de Honduras, o de lanzar armas químicas en contra de alguna de sus embajadas. Que los golpistas de Tegucigalpa hayan salido rápidamente a la defensa de las relaciones públicas de Salazar, es quizá una cuestión que la investigación del Congreso peruano ayudará a resolver. Donde hay humo, hay a menudo gas lacrimógeno también.

(La periodista de Narco News, Kristin Bricker, ayudó en la investigación de esta nota.) Traducción del inglés por Fernando Leon

Extraido de The Narco News Bulletin, ver nota completa en: http://www.narconews.com/Issue60/articulo3830.html