Militarizar el Bajo Aguán acarreará más violencia, represión y muerte

Giorgio Trucchi
19.Ago.11 :: Noticias

Durante una conferencia de prensa en Tegucigalpa, las organizaciones que integran la Plataforma Agraria y organizaciones campesinas del Bajo Aguán expresaron su preocupación, condena y rechazo a los graves actos de violencia ocurridos en los días pasados, donde 11 personas perdieron la vida en medio de un conflicto agrario que está muy lejos de resolverse.



Según estas organizaciones, estos hechos demuestran que “hay una excesiva cantidad de tierra concentrada en unos pocos”, lo cual provoca “una conflictividad agraria aguda” producto de la inexistencia en el país de “una justicia social que el Estado tiene la obligación de promover”, se lee en el comunicado distribuido entre los medios.

De acuerdo con el Informe final presentado por la Misión Internacional que en febrero de 2011 investigó la situación de los derechos humanos en el Bajo Aguán, entre enero de 2010 y julio de 2011 fueron asesinados 35 campesinos organizados, 12 de los cuales durante los últimos cuatro meses.

Ante esta situación y los últimos trágicos episodios de violencia, el régimen de Porfirio Lobo ordenó una nueva militarización del Bajo Aguán, la tercera en el último año. “Rechazamos la decisión de militarizar la zona, porque sabemos que esta no es la solución a la problemática agraria. La pretensión no es cuidar a los campesinos, sino intimidar y sembrar el terror y la zozobra en el Aguán”, aseguran los firmantes del comunicado.

Yoni Rivas, directivo del MUCA (Movimiento Unificado Campesino del Aguán), aseguró que detrás de ese nuevo repunte de violencia y la militarización de la zona con más de 1.000 efectivos del Ejército y la Policía, estaría “un plan de los terratenientes para poder desestabilizar nuestra lucha y los acuerdos que hemos alcanzado”. Para él, estos sectores pudientes pretenden hacerle creer al pueblo hondureño y al mundo “que ya nos hemos desviado de nuestros objetivos”.

En efecto, durante los últimos días la maquinaria mediática de Corporación Dinant/Exportadora del Atlántico SA, propiedad del terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum, ha desplegado una fuerte campaña acusando a los sectores campesinos de ser los responsables de los asesinatos cometidos este fin de semana en el Bajo Aguán.

En junio pasado, Facussé, el gobierno y el MUCA (margen derecha) firmaron un acuerdo para la compraventa de 4,045.70 hectáreas cultivadas de palma africana. El acuerdo fue rechazado por las organizaciones pertenecientes al MUCA de la margen izquierda del río Aguán.

Según Rivas, es urgente encontrar una solución a la problemática agraria y alcanzar cambios que sean integrales e incluyentes. “Hemos demostrado que tenemos la voluntad de trabajar para alcanzar una solución a esta problemática. Ninguna de las organizaciones campesinas del Bajo Aguán está involucrada con estos episodios de violencia.

Por el contrario, hay testimonios que vinculan a los guardias privados de los terratenientes con el asesinato de las cinco personas – tres hombres y dos mujeres – que acababan de salir de las instalaciones del INA (Instituto Nacional Agrario) de Sinaloa el 15 de agosto pasado, y que nada tenían que ver con el conflicto agrario”, afirmó el directivo del MUCA.

Para las organizaciones que integran la Plataforma Agraria, la búsqueda de una solución al conflicto es un elemento imprescindible para terminar con la violencia en el Bajo Aguán. “Hacemos un llamado al Estado, al sector privado y a los movimientos campesinos del Bajo Aguán para que abran el diálogo y promuevan acciones comprometidas con resolver el problema. No es con desalojos, acciones violentas, derramamiento de sangre campesina o con la militarización que se contribuirá a una solución pacífica del conflicto”, asevera la Plataforma en el comunicado.

También para Rivas es urgente instalar “una mesa amplia e incluyente donde podamos ir discutiendo los verdaderos temas que están afectando a miles de familias campesinas. Necesitamos que el Congreso legisle y tome decisiones a favor de la mayoría, para permitir el acceso a la tierra para la producción y una vida digna”.

Mientras en el Bajo Aguán las fuerzas represivas del Estado ya se están desplegando en todo el territorio, las organizaciones campesinas siguen rechazando esta solución que viene a criminalizar la lucha campesina.

“Siempre dicen que vienen con un plan de desarme general, pero lo que hemos visto es que se confabulan con los guardias de seguridad de los terratenientes, y reprimen, persiguen e incluso ejecutan a campesinos.

No vamos a abandonar la lucha, porque ya hemos demostrado que por cada campesino asesinado hay diez que se van a sumar. No podemos seguir permitiendo que tres terratenientes tengan la riqueza que podrían tener 20 mil campesinos”, concluyó Rivas.

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