USAID Honduras, coludida con los presuntos asesinos de Berta Cáceres

Gloria Jiménez
29.May.16 :: Opinión

Tres meses antes del asesinato de la lideresa Lenca, Berta Cáceres, el Programa de Inversión Social de Desarollos Energéticos SA (DESA)– la compañía hondureña que está llevando a cabo el proyecto de la represa Agua Zarca– y blanco de un campaña liderada por Cáceres– firmó un acuerdo con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través de Fintrac, socio de la agencia y empresa de proyectos de desarrollo contratante estadounidense.



El Programa de Inversión Social de DESA según la compañía, “ha destinado un porcentaje de sus utilidades para crear y realizar proyectos enfocados en mejorar la calidad de vida de las comunidades vecinas al proyecto.”

Para el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, estas iniciativas son nada más que limpieza de imagen para una empresa controversial y otra forma de comprar la gente directamente afectada por la represa.

La foto sirve como ejemplo. Como parte de su Inversión Social en la Educación, DESA donó mochilas con el logo de la empresa a joven estudiantes. Se puede argumentar que este tipo de caridad encaja más con un trabajo de publicidad. De igual manera, el COPINH ha criticado la supuesta infraestructura que emprendió la empresa supuestamente para el beneficio de la comunidad que más bien sirvió para transportar el equipamiento de DESA. Es bastante probable que dicha empresa donó muy poco de su bolsillo ya que tenía acuerdos con el Ministerio de Educación y USAID a través de Fintrac, entre otras.

Enriqueciendo el rico para servir al pobre

Irónicamente, mientras USAID estaba entregando recursos a DESA, a través de Fintrac, cuyos dueños forman parte de la élite de Honduras, para comprar consciencia, en su página web observa:

“Honduras ha experimentado una recuperación moderada desde la recesión económica mundial de 2008-2009. A pesar de esta tendencia alentadora, las ganancias económicas a lo largo de los últimos años han favorecido en gran medida las clases medias y altas, lo que lleva a una mayor desigualdad de ingresos en el país”.

Los residentes de Río Blanco están en contra de la presa Agua Zarca principalmente porque dependen económica y culturalmente en el Río Gualcarque. Por lo tanto, la USAID no sólo estaba ayudando a enriquecer una familia rica, con su apoyo al proyecto estaba perjudicando a la misma gente que decía ayudar. Olivia Marcela Zúniga, hija de Berta Cáceres, se dirigió a los financieros extranjeros y cómplices de la presa Agua Zarca en su página de facebook, afirmando:

“El desarrollo no puede pasar sobre la vida humana, el desarrollo debería ser para mejorar la vida de los seres vivos no para aniquilar la vida. El mundo occidental no nos puede imponer su visión de desarrollo, ya que estos son nuestros territorios, nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestra visión de desarrollo debe prevalecer porque garantiza la existencia de la madre tierra y con ello la existencia de la humanidad. El desarrollo no puede ser autodestructivo de la humanidad, no puede ser capitalista, racista y patriarcal. No puede tomar como mercancía nuestra madre tierra que nos da agua, oxígeno y alimentos. Nuestra visión de desarrollo es una visión de armonía, equilibrio y respeto hacia todos los seres vivos.”

La complicidad de la USAID y Fintrac

Debidas diligencias por parte de Fintrac probablemente habría obligado a esta empresa que dice ser de mujeres propietarias con orgullo, a evitar colaboración con una compañía que estaba en guerra con unas de las lideresas más respetadas y reconocidas de Honduras.

Todas las alegaciones y pruebas existían: a pesar que el COPINH afirmaba que la presa seguía adelante sin contar con el consentimiento libre, previo e informado de los miembros locales afectados, que alegaban que el jefe de seguridad de DESA, Douglas Geovanny Bustillo, había acosado sexualmente a Berta. Estas alegaciones y pruebas hubiesen impedido su asociación con DESA según su código de ética y otras políticas internas. Por otro lado, sería difícil para la USAID alegar desconocimiento sobre el conflicto en Río Blanco ya que son un actor clave en la campaña contra la represa.

El contrato entre Fintrac y DESA se firmó en diciembre el año 2015 entre el DESA dentro el marco del programa de USAID llamado MERCADO y trataba de proporcionar asistencia técnica a DESA para el beneficio de productores en 10 comunidades y 180 familias en dos municipios de Honduras. Información pública sobre el contrato es escasa aparte de algunos medios de comunicación locales que estuvieron cubriendo el evento público donde se firmó el contrato. Lamentablemente, Fintrac eligió hacer este importante servicio social con DESA y no con otra organización.

En una alerta de acción del febrero de 2016, COPINH denunció a USAID por su complicidad en apantallar un “desarrollo, empleo, energía limpia y responsabilidad social” y animó a sus simpatizantes contactar a la USAID y la embajada EEUU en Tegucigalpa entre otros con sus quejas por su papel en el avance de la presa.

DESA expresó sorpresa tras la detención de Rodríguez, quien representó a DESA en la firma del contrato con Fintrac, y afirmó no estar involucrado en el asesinato de Cáceres. Sin embargo, menos de un mes antes del asesinato de Cáceres, Rodríguez fue uno de los denunciados por “amenazar la integridad física y emocional” de los miembros del COPINH en una denuncia que tuvo que ver con la última manifestación en cual Berta participó el 20 de febrero 2016.

Se informó a la familia Cáceres que el contrato con DESA fue cancelado a petición de la misma, en las semanas después del asesinato de Berta. Mientras Fintrac y USAID tranquilamente cancelaron el contrato con DESA sin mucha bulla, deberían rendir cuentas con los pobres que dicen ayudar y con los ciudadanos estadounidenses que con sus impuestos financian sus actividades.

Gloria Jiménez, escritora freelance mexicana. Activista de derechos humanos.
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