Un país-laboratorio de la política de seguridad de Washington

Ismael Moreno
25.Jun.16 :: Opinión

La investigación que condujo a detener a los asesinos materiales de Berta Cáceres es una prueba más de que Estados Unidos gobierna en Honduras. Todo lo que ocurre en el país debe entenderse desde esa óptica. Y también desde la óptica del proyecto reeleccionista de Juan Orlando Hernández.



La deteriorada institucionalidad hondureña, que ha decidido a Washington a hacer de este país un laboratorio de su política de seguridad, y la desmedida ambición de Hernández, nos están llevando a un régimen cada vez más autoritario, basado en la represión y en la militarización.

Hasta dos meses después del asesinato de Berta Cáceres, que conmovió a Honduras y al mundo, el Ministerio Público presentó órdenes de captura contra varios acusados de participar en el crimen. El embajador de Estados Unidos, James D. Nealon, fue el primero en felicitar al gobierno por el éxito en las investigaciones. Sólo después, el Presidente Juan Orlando Hernández se autofelicitó, atribuyéndose el mérito de este logro contra la impunidad.

Los asesinos materiales de Berta

A cinco hombres vinculó el Ministerio Público al crimen, ocurrido el 3 de marzo. El 2 de mayo ordenó capturar a cuatro de ellos, que fueron procesados y recluidos en una cárcel de las inmediaciones de la capital.

Se trata de Sergio Rodríguez Orellana -empleado de la empresa DESA (Desarrollos Energéticos S.A.), responsable de la hidroeléctrica Agua Zarca, contra la que luchó Berta-, quien se habría puesto de acuerdo con el subjefe de la seguridad privada de la empresa, Douglas Bustillo, teniente retirado del Ejército, quien en 2013 ya había amenazado de muerte a Berta. Bustillo contrató los servicios del mayor en activo del Ejército, Mariano Díaz Chávez, en proceso de ser ascendido a teniente coronel y también instructor de la Policía Militar del Orden Público. Díaz Chávez fue el encargado de contratar los servicios de los sicarios Edilson Duarte y Emerson Duarte, gemelos. Emerson fue capturado hasta unos días después y fue a él a quien se le encontró el arma que usaron en el crimen. Díaz Chávez manejaba una red de sicarios vinculada al narcotráfico. Las detenciones revelaron hasta qué punto las fuerzas armadas de Honduras están implicadas en el crimen organizado y el sicariato.

Según informes extraídos de la escucha de llamadas, en la operación criminal se habrían invertido unos 44 mil dólares, que se distribuyeron los cinco implicados. ¿Quiénes aportaron esa suma? ¿Qué relación existe entre ese empleado de DESA y el gerente de la empresa? ¿Y más arriba, entre el gerente y los dueños y socios de DESA, altos ejecutivos de bancos, supermercados y otros muchos negocios, la élite que domina hoy la economía y el comercio del país? ¿Hasta dónde habrá decidido el gobierno de Estados Unidos llegar en esta investigación, ya que fueron estadounidenses quienes la realizaron, en paralelo a la que realizaba el Ministerio Público hondureño?

Son piezas de la política de EEUU

Las semanas precedentes a la captura de los asesinos materiales de Berta Cáceres estuvieron marcadas por noticias reveladoras que afectaban a la Policía Nacional. Inesperadamente, los medios llenaron sus primeras planas informando sobre la implicación de altos oficiales de la Policía en dos asesinatos ocurridos hacía años: el del director de la oficina de la lucha antidroga, Arístides González, en diciembre de 2009 y el del asesor de la lucha antidroga, Alfredo Landaverde, en diciembre de 2011.

Sin dar los nombres de los oficiales implicados, la noticia comenzó a divulgarla el 4 de abril “El Heraldo”, periódico capitalino que encabeza los operativos mediáticos gubernamentales. El 15 de abril estas informaciones aparecieron en “The New York Times” ya con los nombres. En la víspera, el día 14, los medios nacionales deslizaron, de forma anodina, la noticia de la renuncia de Arturo Corrales Álvarez de su cargo como Ministro de Relaciones Exteriores. En esos mismos días se anunció la instalación definitiva en el país de la MACCIH (Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras), organismo dependiente de la OEA.

Todas son piezas de una misma política, la que ha convertido en los últimos años a Honduras en el laboratorio de la política de seguridad de Washington.

La policía y el narcotráfico

Las informaciones sobre la participación de altos jefes policiales en aquellos dos crímenes causaron revuelo. Se desprendía de ellas que otros asesinatos contra fiscales, policías de rango intermedio, investigadores y otros funcionarios estatales fueron ejecutados por escuadrones de la muerte organizados en el más alto nivel policial respondiendo a planes y a órdenes de jefes del narcotráfico en Honduras.

Según las informaciones, en la última década la mayoría de los directores de la Policía Nacional habrían actuado como piezas de las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico.

En su defensa, los implicados señalaron al ex-Ministro de Seguridad y hoy jefe de bancada del Partido Nacional, Óscar Álvarez, como la persona que dio sus nombres para vincularlos a delitos en los que sólo él siendo Ministro y su Viceministro, hoy alcalde de San Pedro Sula, tuvieron responsabilidad directa.

En este tenso ambiente, ¿qué significado dar a la renuncia a la cartera de Relaciones Exteriores del poderoso político Corrales Álvarez? La respuesta la mantiene bajo sigilo el Presidente de la República y sus más cercanos colaboradores. Seguramente porque dejó el cargo coincidiendo con las informaciones aparecidas en “The New York Times”, que indican que los Ministros de Seguridad de los últimos períodos presidenciales conocían como la palma de sus manos todo lo referente a los asesinatos de los funcionarios de la lucha antidroga, pero no actuaron.

¿Por qué esta renuncia?

Corrales Álvarez fue Ministro de Seguridad antes de ser nombrado en Relaciones Exteriores. En la cartera de Seguridad había sistematizado información sobre la lucha contra el crimen organizado y desde su cargo impulsó la campaña que llevó a la captura de los principales jefes del narconegocio y a su extradición a Estados Unidos.

Sin embargo, no existe antecedente alguno, ni en los medios de comunicación corporativos ni en los archivos de los medios alternativos, que permita suponer que Corrales Álvarez haya tenido participación en el señalamiento y posterior captura de los jefes de la Policía vinculados a los asesinatos de los dos funcionarios de la lucha antidroga. Entre especulaciones y conjeturas, el Presidente de la República se limitó a informar que Corrales Álvarez pasaba a ocupar un cargo de asesoría en su gobierno.

Durante al menos quince años, Corrales Álvarez fue el arquitecto de todos los escenarios de diálogo donde se desentrampaban conflictos y se proponían puentes en caminos que parecían no tener salida. Fue el hombre con la varita mágica lista para que actores que en público se mostraban intransigentes negociaran bajo la mesa. También ha sido el hombre con quien primero se comunica el gobierno de Estados Unidos al tomar decisiones sobre Honduras.

Los motivos de su renuncia quedaron en la penumbra que rodea el cerrado círculo del Presidente, mientras se instalaba oficialmente la MACCIH y se creaba la Comisión Especial para la depuración de la Policía Nacional.

Gobernados desde Washington

Aunque la captura de los asesinos materiales de Berta Cáceres y el destape de informaciones que confirman la vinculación directa de la alta oficialidad de la Policía con el crimen organizado son noticias positivas, es necesario leer estos hechos desde otros ángulos.

¿Expresan diligencia y competencia del Ministerio Público y del gobierno para enfrentar la impunidad? ¿O más bien expresan la voluntad del gobierno de Estados Unidos, cada vez más directamente presente en la política del país, de adecentar la deteriorada institucionalidad hondureña?

En los últimos cinco años muy poco de lo que viene ocurriendo en el escenario hondureño se entiende sin tener en cuenta que lo que sucede responde a decisiones tomadas en Washington. Desde la captura y extradición de mafiosos, empresarios y políticos vinculados al narconegocio y el lavado de activos, pasando por la instalación de la MACCIH, hasta la creación de la Comisión Especial para la depuración de la Policía Nacional, todo está íntimamente vinculado a la política de seguridad de la Casa Blanca en la región centroamericana. Honduras es hoy un país-laboratorio, el único de América Latina gobernado directamente desde Washington.

País de extraditables

Honduras es hoy un país de extraditables a Estados Unidos. Esas extradiciones son una práctica del laboratorio para advertir a otros países y a otros narcos que lo de Honduras lo puede replicar Washington en otros lugares si no escarmientan. Suceden también porque es decisión de Estados Unidos subordinar la legislación hondureña a la legislación estadounidense, dado el extremo grado de quebranto en que está la institucionalidad de nuestro país.

En las recientes extradiciones de hondureños al Norte se expresa la desconfianza de Washington en las herramientas legales del Estado hondureño, especialmente las de su sistema de justicia. El gobierno de Estados Unidos ve en Honduras un descalabro de tal magnitud que ha entendido que, tanto a corto como a mediano plazo, la crisis hondureña no se podrá resolver con “asesorías” o financiando instituciones públicas, mucho menos dejando actuar con autonomía a los funcionarios hondureños en todo lo que tiene que ver con la investigación de la criminalidad organizada y con la operatividad del sistema de justicia. Washington ha entendido que en estas decisiones les toca a ellos tomar las riendas.

El asesinato de Berta lo prueba

El asesinato de Berta Cáceres, sin duda emblemático, aunque no el único, ha sido prueba evidente de que Estados Unidos interviene directamente en nuestro país.

El 4 de marzo, al día siguiente del crimen, el embajador de Estados Unidos se presentó en la casa de la madre de Berta, donde se velaba su cuerpo, y con permiso de ella, se unió al duelo. Ese gesto, así lo entendieron todos, tendría consecuencias. El embajador estaba diciéndole a la sociedad y al gobierno que Estados Unidos asumía la investigación del crimen como misión propia y se comprometía a presentar resultados que desafiarían la impunidad reinante. Dos meses después se capturó a los asesinos materiales estableciendo así un claro contraste con los otros escasos procesos que ha seguido la justicia hondureña, tardíos y de resultados dudosos y desalentadores.

“Envío” supo que se llevaron a cabo dos investigaciones paralelas, la del Ministerio Público y la que dirigían los estadounidenses, sin que se filtrara nada de ésta ni al gobierno ni a la familia de Berta. Habrá que ver ahora lo que el Ministerio Público y los jueces harán o no harán con los detenidos, habrá que ver cómo será el juicio y cómo serán las sentencias. Y, sobre todo, habrá que ver si la investigación llegará hasta los autores intelectuales del crimen.

Washington presiona al gobierno pero lo respalda

A pesar de que desconfía de ellos, el gobierno de Estados Unidos ha decidido no romper con los actores políticos que han sido siempre sus aliados en Honduras porque no cuenta con actores alternativos.

Esto explica su compromiso con la investigación del asesinato de Berta Cáceres, aunque después le diera los créditos al gobierno de Juan Orlando Hernández. Así justifica Washington el aval que le sigue dando al Presidente.

Washington presiona al gobierno hondureño para que persiga el delito con transparencia, para que investigue los casos de corrupción y para que enfrente los casos más sonados de impunidad. Lo presiona para que mejore la transparencia en el uso de los recursos públicos y para que rinda cuentas de la ayuda bilateral estadounidense. Y hasta filtra información a los medios críticos del gobierno para obligarlo a rendir cuentas al sentirse vigilado. Pero sigue respaldando al gobierno al que presiona. Necesita adecentar algo la administración pública hondureña para justificar ante la comunidad internacional el respaldo que le da.

Lo que más le interesa a Washington es mantener la estabilidad de este gobierno y hacer justicia en el caso de Berta Cáceres redunda en más estabilidad. Le interesa también respaldar y asesorar a la MACCIH para que presione al gobierno para que avance en la lucha contra la corrupción y la impunidad porque eso también asegura estabilidad. Recién instalada, la MACCIH recibió del gobierno de Estados Unidos 5 millones 200 mil dólares para que pueda trabajar “sin contratiempos”.

“No dejaremos ir chancho con mazorca”

Hay otro ángulo desde el cual entender la captura de los asesinos materiales de Berta Cáceres y el proceso de depuración de la Policía Nacional y es la campaña por la reelección que lleva adelante Juan Orlando Hernández. Hasta noviembre de 2017, cuando se realicen las elecciones, todo lo que suceda en Honduras debe entenderse desde el prisma de las ambiciones de poder del Presidente, las que nunca ocultó en sus cuatro años al frente del Congreso Nacional y en sus dos años y medio en la silla presidencial.

Para asegurar tener en sus manos todas las riendas del poder el mandatario logró desde hace bastante tiempo el control total de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el control del Fiscal General, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, de la Contraloría General de la República, del Tribunal Superior de Cuentas, del Tribunal Supremo Electoral, del Registro Nacional de las Personas, del Instituto Hondureño de Acceso a la Información Pública y de un sector importante del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. También logró crear, para después controlar, la Policía Militar del Orden Público. Y hay que decirlo: también tiene un significativo control sobre las decisiones que toman los partidos políticos de oposición.

En septiembre de 2016 se abrirá oficialmente el proceso que culminará con las elecciones generales de noviembre de 2017. Meses antes, en junio, Juan Orlando Hernández y su equipo de incondicionales lanzaron un expresivo, y por cierto muy vulgar, lema de campaña: “Aquí no dejaremos ir chancho con mazorca”. Advertían así que saldrán al paso de cualquier sorpresa que impida la reelección de JOH.

Zelaya: el mejor aliado

En este contexto, y aunque parezca mentira, Juan Orlando Hernández y sus incondicionales han encontrado en Manuel Zelaya al mejor aliado fuera de sus filas.

El deseo de ser reelectos los acerca. Y aunque tienen distintas lecturas de la realidad nacional, manejan discursos diversos y enarbolan banderas de colores diferentes, los asemeja la misma ambición desaforada por ser Presidentes para siempre. Desde la extrema derecha, Hernández, proponiendo el extractivismo y las ciudades modelo; y desde la oposición “de izquierda” Zelaya, proponiendo la refundación del país, mantienen una polarización que resulta atractiva para el electorado. ¿Quién tiene las de ganar y quién todas las de perder? La respuesta cae por su propio peso. Aunque Zelaya lograra un mayor caudal de votos, Hernández ya lo tiene todo previsto y no dejará a ningún “chancho con mazorca”.

Y si alguien lo dudara, el factor que garantiza que Juan Orlando Hernández resultará ganador en la contienda reeleccionista de estos dos políticos es precisamente Washington, dispuesto a impedir cualquier correlación de fuerzas que favorezca a Zelaya.

Zelaya tiene el veto de Washington

Un eventual triunfo electoral de Zelaya provoca escozor en Washington, porque despierta fantasmas recientes que no lograron controlar.

Mel Zelaya es visto en Washington como un serio revés para su política de seguridad regional, basada en la limpieza de los principales mafiosos del narconegocio, en la inversión en prevención de la violencia y en el levantamiento de muros sociales y políticos que contengan la migración centroamericana, como los que propone la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.

Mel Zelaya está vetado en Washington, y no tiene capacidad de contrarrestar exitosamente con sus seguidores ese veto. Juan Orlando Hernández sabe bien que los gringos no aceptarán el triunfo de Zelaya y juega con eso. Conoce también las ambiciones de Zelaya porque se parecen a las suyas. Y juega con eso.

Juan Orlando: un competidor imbatible

Zelaya tiene un liderazgo acreditado en un sector importante de la oposición hondureña y una inteligencia política práctica. Cree que su liderazgo es el de mayor arrastre entre todos los liderazgos nacionales y seguramente es así. Intuye que en la arraigada polarización nacional conseguiría el mayor porcentaje de votos juntando los de los seguidores de su estilo caudillesco con los de la población descontenta con el deterioro nacional.

Hasta ahí lo conduce su inteligencia política. Pero la correlación de fuerzas no le favorece. Juan Orlando Hernández cuenta con un voto duro muy cercano o igual al que pueda obtener Zelaya, pero cuenta con varias ventajas. Tiene toda la institucionalidad del país bajo control. Tiene todo el dinero que se le antoje para comprar los votos de una población en harapos y con niveles educativos bajísimos. Y tiene, y eso es lo principal, el aval del gobierno de Estados Unidos y por consiguiente, el de los gobiernos europeos. Todo eso lo convierte en un competidor imbatible.

A dónde nos llevará el deterioro y su ambición

Con lo que no cuenta Juan Orlando Hernández -por mucho que se esmere- es con frenar el deterioro sistémico y la inestabilidad estructural en que está hoy sumida la sociedad hondureña. Y así como un día de mayo de 2015 surgió el fenómeno de las antorchas indignadas sin que nadie, menos que nadie él, lo pudiera prever, pueden surgir nuevos imponderables que den al traste con sus ambiciones de poder.

La inestabilidad estructural del país combinada con su desmedida ambición nos puede llevar por dos caminos. O a la consolidación de un régimen autoritario basado en la represión y en la militarización que instale en la sociedad el miedo. O a explosiones sociales no controladas por la oposición formal que, o bien provoquen un mayor caos o bien alimenten alternativas que eleven la conciencia de los liderazgos sociales y les permitan canalizar los descontentos por cauces organizativos.

Hasta hoy la tendencia que vemos es hacia la consolidación de un proyecto autoritario bajo el liderazgo de la extrema derecha política, empresarial y militar, que cuenta con un importante sustento religioso fundamentalista.

El cierre de Globo TV

En esa dirección, un nuevo hecho ocurrido en el mes de mayo fue el cierre de Globo TV, que con Radio Globo representa la voz más crítica al gobierno que se ve y se escucha en la capital. Propiedad de un antiguo empresario liberal que emigró a las filas de LIBRE por lealtad a Zelaya, y bajo la dirección del polémico periodista David Romero, la televisora fue clausurada por el gobierno justificando la medida en el incumplimiento de algunas normas administrativas.

Según los convenios internacionales suscritos por el Estado y en base a la Constitución de la República, ningún error administrativo está por encima del derecho a la libertad de expresión. Pasando por encima de este principio, la televisora fue clausurada y pende sobre Radio Globo la amenaza de cierre.

Amenazas indirectas han recibido ya otros medios de comunicación que no hacen eco al discurso oficial. Con lupa se están examinando normas legales y técnicas buscando excusas para cancelar frecuencias y permisos. Es una clara señal de lo que ya se advierte como tendencia para el próximo futuro: el cierre de los espacios de libertad, el control de la oposición, la consolidación del cerco mediático, alianzas mucho más estrechas entre políticos, élites empresariales y militares, en un deslizamiento acelerado hacia un modelo de extrema derecha político, militar y económico.

Hacia un modelo así se dirige Honduras

¿Hacia qué modelo nos dirigimos? Hacia un gobierno autoritario con altas dosis de personalismo, con un fuerte componente militar, crecientemente intolerante ante la crítica, pero que tolera una oposición controlada y cooptada y criminaliza y desacredita a la oposición que no controla.

Hacia un gobierno representante de los intereses de las corporaciones transnacionales, particularmente los de las industrias extractivistas y maquiladoras y las dedicadas a telecomunicaciones, turismo, comercio y finanzas, aliadas de la élite empresarial hondureña como socios menores.

Hacia un gobierno con una inversión considerable en programas de asistencia social dirigidos a la población más pobre con propósitos proselitistas, que sustituyen políticas públicas que disminuyen las desigualdades y generan oportunidades económicas, sociales y educativas.

Hacia un gobierno defendido por un aparato de publicidad muy bien organizado, que controla los medios a través de la publicidad oficial y que desacredita a los medios críticos.

Hacia un gobierno sustentado en una religiosidad que se somete a la autoridad como designio divino y que, basada en una concepción providencialista, se resigna ante la realidad sin decisión de transformarla. Un gobierno así contaría con el respaldo de la mayoría de los principales líderes religiosos, que están comprometidos con el modelo o que callan ante la corrupción, la impunidad y las violaciones a los derechos humanos.

Tiempo de democracias autoritarias

Un proyecto como éste encaja bien en las tendencias continentales y mundiales. La irrupción de fuerzas de extrema derecha en la política y la economía lo respaldarían.

Los cambios que se están produciendo en América del Sur, el fenómeno Trump y todo lo que revela, los escasos resultados de la “democracia” en México y Centroamérica, encajan bien con el “laboratorio” en que Honduras se ha convertido en los últimos siete años, después del golpe de Estado, un laboratorio del que han surgido las que hemos dado en llamar “democracias autoritarias”.

Es una oportunidad

Aunque la sociedad hondureña se encuentra en ebullición y por todo el país existen hervideros de descontento y frustración, no hay señales de que esta efervescencia alimente a corto plazo tendencias transformadoras.

Pero existe también el mediano y el largo plazo. Los diversos sectores del movimiento social y político que a lo largo de los últimos siete años se han expresado contra los dinamismos negativos que disparó el golpe de Estado, y contra la política neoliberal con el movimiento de las antorchas, tienen hoy la oportunidad de detener la consolidación de la dictadura de extrema derecha iniciando ese esfuerzo con procesos internos de reflexión, de debate, de construcción de propuestas, de articulación en temas e intereses comunes.

El momento actual es una oportunidad para que el movimiento social redefina sus estrategias, evalúe críticamente su accionar en los últimos quince años, debata sobre las tendencias que se abren y diseñe propuestas de mediano plazo con las alianzas a establecer y el rumbo a seguir.

El momento actual le presenta al movimiento social hondureño desafíos importantes. Aunque en los últimos siete años tras el golpe de Estado han ocurrido momentos de notables movilizaciones, como el tiempo de la resistencia al golpe y después las marchas de las antorchas, ni la fortaleza ni la articulación ni la capacidad de propuestas conjuntas caracterizan hoy al movimiento social.

Lo que Berta nos dejó

El asesinato de Berta Cáceres mostró las reservas que aún conserva el movimiento social, pero también mostró sus profundas debilidades.

Su asesinato reveló la creciente conciencia que en amplios sectores de la sociedad de los pobres ha alcanzado el cuido del ambiente, la defensa de los bienes comunes y de la Naturaleza, la resistencia en los territorios, la fuerza de la comunidad, y especialmente demostró las riquezas de las comunidades étnicas, particularmente la lenca, la garífuna y la tolupán.

Estas temáticas movilizan la convocatoria, la articulación y la construcción de propuestas populares, sociales, comunitarias y políticas de sectores muy diversos, tanto rurales como urbanos, tanto de base como profesionales, académicos, políticos e intelectuales.

Lo que hay que enfrentar

Los objetivos por los que Berta entregó su vida impactaron la conciencia de miles de personas en Honduras, moviéndolas a preguntarse qué hacer para corresponder a la sangre derramada. Pero este impacto no produce cambios a corto plazo. Los conflictos y las desconfianzas en el movimiento social siguen intactos como lo estaban antes de su cruel asesinato.

Para nadie es desconocido que en el núcleo familiar primario de Berta había divisiones internas, acentuadas en 2013 y 2014, que fueron atenuándose en 2015. Esas divisiones y las contradictorias maneras de entender el trabajo y la lucha, mezcladas con actitudes personales, fueron siendo exacerbadas por personas y organizaciones con gran habilidad para ver la pelusa en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

El crimen ha dado lugar a proponer instancias de articulación nacional, que no podrán impulsar propuestas conjuntas mientras no se reconozcan las debilidades, los prejuicios y las descalificaciones que caracterizan a muchas de las organizaciones y de los liderazgos del movimiento social.

El enemigo interno

La creciente conciencia por defender los bienes comunes, por identificar los daños del modelo extractivista, por caracterizar al actual régimen como una “dictadura de extrema derecha”, y el también creciente respaldo de la solidaridad internacional, son suficientes herramientas para contrarrestar las “condiciones subjetivas” adversas a la articulación y a la construcción de una propuesta popular y social que represente los sueños, intereses, derechos y luchas de los diversos sectores sociales hondureños. Son suficientes para promover una movilización al interior de las organizaciones que las lleve a debatir sobre los fantasmas subjetivos que las carcomen a ellas y a los líderes más connotados del movimiento social.

En las actuales circunstancias del país, tan poderoso y destructor es ese enemigo externo que es el modelo neoliberal extractivista, incrustado en el proyecto de extrema derecha del personalismo autoritario y militarista, como poderoso y destructor los es el enemigo interno, el que habita en el corazón de las organizaciones y en sus diversos liderazgos, el que se expresa en desconfianzas, estigmatizaciones, descalificaciones, protagonismos, apatías, dependencia de recursos de la cooperación, ausencia de mística y de voluntariado para evitar riesgos…

Una vez que ese enemigo interno se instala en las organizaciones sociales opaca, y hasta logra que desaparezca del radar, el enemigo verdadero.

Cuando eso ocurre, las organizaciones y sus liderazgos se atacan y levantan trincheras para destruirse unas a otras. Sucedió en El Salvador en 1975, cuando al poeta Roque Dalton se le hizo un juicio sumario, acusándolo de ser un infiltrado de la CIA y fue fusilado por sus propios compañeros. Sucedió en 1983, cuando la Comandante Ana María fue asesinada por un dirigente de su organización, acusada de traición a la línea política que ese dirigente imponía.

En ambos casos se perdió la vida de dos personas profundamente comprometidas con la transformación social de su país, porque proponían debates para cuestionar la línea oficial. Casos muchos menos sonados también ocurrieron en Honduras en los años 80.

La tarea primordial

Entre las organizaciones del movimiento social el enemigo interno no ha adquirido aún ciudadanía ni ha desplegado todo su poder destructivo. Pero existe abundante tierra fértil para que se nutra, crezca, se consolide y destruya. Enfrentar a ese enemigo interno es hoy tarea primordial. Empezar por erradicarlo de la casa propia permitirá acumular energías para transformar colectivamente la casa común.